Julio 2000: Jurel con sabor amargo

 Crisis pesquera y laboral

Al cerrar una discusión acerca de la crisis del jurel y la veda adoptada por el gobierno, Jorge Ulloa, diputado de la UDI por la VIII Región, pidió a fines de junio que se impulse una nueva legislación para los empresarios pesqueros, que establezca cuotas individuales transferibles de peces. Que eso iba a ocurrir lo advirtió exactamente un mes antes el dirigente de los pescadores artesanales de Talcahuano, William Aracena. Este señaló que la crisis sería aprovechada por los grandes empresarios para acelerar una legislación que permita vender una cantidad determinada de pesca a cada empresa, cuota que posteriormente puede ser revendida, ofrecida como aval o transada en la Bolsa de valores.

La escasez de jurel ya es endémica debido al aumento de la capacidad de pesca de las flotas industriales. La depredación ha significado la reducción de la biomasa de esta especie, así como de tantos otros peces del litoral chileno y del mar internacional. Esta situación, más la falta de regulación de este sector fundamental para la economía regional, llevó al gobierno a instaurar la veda del jurel desde el 25 de enero al 15 de junio del 2000. Sólo se autorizó la pesca para fines de investigación, que fueron a parar a las empresas, como una forma de mantener la industria y continuar con una veda que ahora servirá de pretexto para legislar a favor de las cuotas transferibles, "única solución" planteada hasta ahora para evitar la muerte del jurel.

Todo esto hizo que las fábricas de harina de pescado bajaran su producción, lo que aumentó considerablemente la cesantía en la provincia de Concepción, que incluye a Talcahuano, San Vicente, Lirquén, Penco y Coronel, como también a Lota y Lebu, en la provincia de Arauco. En tanto, las industrias que producen para el consumo humano trabajaron con el personal mínimo. Los 13.400 empleados que había en 1997 bajaron a 8 mil en 2000. Eso intensificó la crisis. Los trabajadores, junto con los pequeños y medianos empresarios, salieron a protestar por la falta de trabajo y los despidos. Las manifestaciones reunieron a tripulantes de naves especiales, patrones de pesca -sector social compuesto por trabajadores con grandes sueldos y medianos empresarios de abundante apetito económico-, pequeños armadores, maquinistas, motoristas y empleados de las industrias. Pedían levantar la veda para seguir pescando, igual que los empresarios, quienes también solicitaban aumentar la pesca de investigación. Sólo en eso coincidían. A los pescadores artesanales les preocupaba que la imposibilidad de pescar jurel llevara a los empresarios a capturar sardina, que es su sustento principal. A eso se agregó el reclamo de que, cualquiera fuera el objetivo de la pesca, las flotas violan las cinco millas exclusivas de los pescadores artesanales.

La primera respuesta de la autoridad fue la represión. Un millar de manifestantes en cada movilización autorizada era demasiado para iniciar el período presidencial. Así, con o sin autorización, Carabineros reprimió con carros lanzagua y bombas lacrimógenas. Hubo detenidos y heridos, entre ellos algunos reporteros y camarógrafos. Los obreros y pequeños empresarios contestaron, a su vez, con "bombas" de harina y aceite de pescado. El segundo paso del gobierno, un poco más inteligente, fue sacar su carta -aunque vieja, todavía efectiva- de sentar a los interesados en una mesa de diálogo. Y presentó una propuesta que finalmente se tuvo que aceptar: disponer de una cuota global para 2000, dividida en cuotas menores para cada mes.

Los actores de la mesa

A esa mesa instalada en los salones de la Intendencia Regional llegaron, además del gobierno, los grandes empresarios de la Asociación de Industriales Pesqueros, los patrones de pesca y trabajadores de las plantas harineras. Faltaron los pescadores artesanales, quienes junto a otros trabajadores pesqueros denunciaron que no fueron invitados. ¿Por qué? La respuesta la da WiIliam Aracena, al exponer una visión divergente del problema: "Hoy tenemos menos jurel debido a que no hubo regulación y sí hubo mala administración, situación que se viene arrastrando hace años. Cada vez hay más flota industrial y menos peces. Si el empresariado se sobredimensionó y sobreinvirtió en flotas en todo el mundo -el 75% de los préstamos de la banca mundial va a la pesca- es porque pensó que los recursos marinos son inagotables. Pero no le echo la culpa al industrial, porque si hay una normativa que me permite pescar más de lo que puedo, lo voy a hacer invirtiendo más”.

¿Entonces debió haber existido mayor regulación estatal?

"Claro. Y eso no se está discutiendo hoy, sino cuál será la cuota para este año. El problema de fondo es que los industriales aumentaron las capacidades de sus flotas con préstamos internacionales y quedaron endeudados. Los bancos se dieron cuenta de que los barcos chilenos y sus plantas de procesamiento no tienen el valor suficiente para respaldarlos.

Quieren algo más tangible: que tal industrial diga que es dueño de una cantidad determinada de peces. Eso se soluciona con las cuotas individuales transferibles, y el documento de la mesa de diálogo es un preámbulo para llegar a ellas".

¿Y ustedes las rechazan?

"Las rechazamos porque no han dado resultado a nivel mundial y sólo benefician a los grandes empresarios. En cambio, pedimos mejorar la administración pesquera, que tiene una maraña de disposiciones para regular más al pescador artesanal que a los industriales. Una de las pocas restricciones que éstos tienen es no entrar a las cinco millas reservadas a la pesca artesanal, y no se cumple. El sistema de fiscalización es débil, se burla con facilidad".

Un punto de discordia muy fuerte entre los pescadores artesanales y los trabajadores de plantas industriales fueron las cuotas individuales transferibles. La dirigenta de estos últimos, Teresa Lizana, señaló durante meses que ellos querían regulación a través de esas cuotas, lo que los unió a los empresarios, aunque para enfrentar la crisis también pidió el levantamiento de la veda y trabajo para sus compañeros.

Lizana, quien sí fue invitada y participó en la mesa de diálogo, explicó que "hay que valorar en su justa medida el esfuerzo hecho por el gobierno de juntar a las partes. No se logró todo lo que queríamos, pero subir la captura para este año de 250 mil toneladas a 630 mil es un avance". También consideró otro logro: "Hemos amarrado con la autoridad que no podemos seguir dejando de lado lo social por defender lo biológico. Es decir, deben cuidarse los empleos".

A pesar de las diferencias, la dirigenta Teresa Lizana coincidió en otros aspectos con los pescadores artesanales, aunque sin duda no fueron suficientes para reunirlos en ese momento en un frente común.

¿Descarta la reconversión laboral?

"Eso es reírse de la gente de esta zona. Sólo miremos Lota. ¿En qué se ha reconvertido? No podemos seguir capacitando más peluqueros ni panaderos. Hay que tecnificar a la gente, ahí es donde el gobierno debe invertir".

¿Qué diferencias tienen con los empresarios y el gobierno?

"Con los empresarios, nadie nos asegura que no nos vayan a despedir. Y con el gobierno, que se mantiene la desprotección laboral".

Despidos bajo la mesa

Ambos dirigentes tenían parte de razón. Días después de terminada la mesa de diálogo con la propuesta del gobierno, el 30 de mayo, empezaron a despedir a trabajadores de las plantas harineras, a pesar de que en la mesa se había garantizado jurel para todo el año. La primera en adoptar esa medida fue Pesquera Bío-Bío, perteneciente a Jan Stengel, presidente de los industriales pesqueros. La reacción de Teresa Lizana fue inmediata: "¡No negociamos para que nos despidieran!" A eso se sumó el último informe oficial de desempleo en el país, con el primer lugar nacional para Lota (17,9%), el tercero para Coronel y el sexto para Talcahuano. Hasta el intendente, Jaime Tohá, defendió a los trabajadores diciendo que los responsables de la crisis no eran ellos. Los industriales pesqueros aseguraron sin empacho que los despidos no se detendrán. Esto logró unir, por fin, a trabajadores y pescadores artesanales. A mediados de junio la CUT, los obreros de plantas, los tripulantes, patrones de pesca, maquinistas y pescadores artesanales declararon su rechazo a las cuotas individuales transferibles y que la mesa de diálogo soluciona los problemas económicos de los empresarios, pero no la inestabilidad laboral. Teresa Lizana reconoció haberse equivocado al optar por las cuotas.

Frente a esta unidad, tal como lo habían anunciado los pescadores artesanales, los empresarios solicitaron a los diputados que apresuren la legislación sobre las cuotas individuales transferibles. De la mesa no se supo más. Lo que continúa son los despidos. El 28 de junio echaron a otros 46 trabajadores de la Pesquera Iquique Guanaye, en Talcahuano, y a otros 24 el 4 de julio. Pero el cuadro cambió, porque pescadores artesanales y trabajadores de plantas parecen estar recobrando una unidad que nunca debieron abandonar.

Aumento de la flota pesquera

De 316 naves que tenía la flota pesquera en 1987 aumentó a 564 al año siguiente. También fue en el '87 cuando la empresa El Golfo, de Talcahuano, adquirió el pesquero de mayor tamaño y el primer barco factoría de la flota nacional. Se decía entonces que a ese paso el recurso jurel se agotaría en dos años.

Doce meses después se planteó la desregulación. La ley de pesca, que se aprobó en 1989 y que está vigente, estableció como principio general la libertad de pesca en aguas territoriales, interiores, mar territorial y zona exclusiva. El único requisito es inscribirse en el Registro Nacional Pesquero. Pueden participar, incluso, armadores extranjeros. Para los trabajadores era como privatizar el mar. Argumentaban que la libertad absoluta en el océano era un requerimiento del Fondo Monetario Internacional para permitir el ingreso de grandes flotas europeas que tenían problemas por la escasez de peces en aguas internacionales. Sin duda, eso influyó para que en 1994 Chile alcanzara a Perú y China, los países con mayor extracción pesquera del mundo, desplazando a Japón del tercer lugar.

En PF se ha denunciado reiteradamente la carga depredatoria y comercial que tienen las pesquerías de investigación, disfraz para dar salida a las vedas o para justificar la depredación de peces escasos, como también la devastación que está produciendo la pesquería mundial con más barcos y aumento de las toneladas de captura. Ya en 1993 la CONAMA advertía que esa sobrepesca amenazaba el ecosistema marino, incluyendo al jurel.